Estamos a menos de un mes para que finalice el plazo de puesta en marcha del Canal de Denuncias interno que marca la Ley de Informantes.
Ante esta recta final, queremos reflexionar sobre la situación a la que se enfrentan las pymes españolas para cumplir con la nueva ley, si no quieren enfrentarse a cuantiosas multas. La mejor estrategia pasa, como es lógico, por un buen asesoramiento jurídico y, en este caso, también tecnológico.
El pasado 13 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023 (más conocida como Ley de Informantes) con el objetivo de proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes en el ámbito de la empresa y la Administración Pública. Para ello, y dentro del ámbito empresarial, la norma impone la obligación de implantar un sistema interno de denuncias de irregularidades a, entre otros, empresas con 50 o más empleados antes del 1 de diciembre de 2023, y prohíbe cualquier represalia contra los denunciantes.
Las empresas que no implanten dicho canal de denuncias interno se enfrentarán a sanciones económicas, que pueden llegar a los 300.000 euros en el caso de personas físicas y a 1.000.000 de euros en el caso de las jurídicas.
Como expertos en Compliance, estamos convencidos de la necesidad de la existencia de leyes de protección a los denunciantes y entendemos cuáles son las bondades de tener canales internos de denuncias dentro de las empresas. Y es que, si las personas que conocen de actos ilícitos cuentan con canales de denuncias que funcionan y son anónimos y existe una ley que impida que sean represaliados, es más probable que denuncien esos hechos y se corte de raíz esa conducta.
Nos surge la pregunta de cómo va a poder hacer frente a este canal de denuncias interno, y a todo lo que conlleva, una pyme. Establecer un canal de denuncias que cumpla con los requisitos legales supone una serie de gastos en informáticos, abogados, expertos en compliance, etc.
Los canales de denuncias tienen que cumplir con ciertos requisitos que no se encuentran en cualquier aplicación como, por ejemplo, el formato de denuncias que se deben permitir o el nivel de anonimización y confidencialidad de estas. De esto se desprende que hay que saber elegir a un buen proveedor de servicios para no incurrir finalmente en multas en caso de inspección.
Además, aparte de contar con un buen proveedor, hay que estar bien asesorados.
No sólo para saber si dicho canal de denuncias cumple o no con los requisitos legales, sino que también es necesario saber cómo actuar cuando entren esas denuncias o formar a los empleados sobre cuál es el funcionamiento de la herramienta, qué se puede denunciar, qué derechos se tiene o qué consecuencias puede tener una denuncia falsa.
En consecuencia, creemos que esta norma, así como todas las demás que nacen de la cultura del cumplimiento normativo, han llegado para quedarse y para bien. Y, por ello, las empresas, tengan el tamaño que tengan, deben estar preparadas y tomar medidas encaminadas a su cumplimiento, empezando por instaurar un Canal de Denuncias Interno con las características legalmente, así como contar con los mejores asesores para saber cómo actuar en todo momento.
En SJD, contamos con los conocimientos, las herramientas y la experiencia necesarias para implantar y gestionar el Canal. Tras más de veinte años en la resolución de conflictos jurídico-empresariales, nuestro equipo de profesionales garantiza un escrupuloso cumplimiento normativo a un coste inferior de la gestión directa del mismo.
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